El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en un vuelo oficial hacia Estados Unidos. La decisión se apoyó en la “inexistencia de delito” y siguió el criterio planteado previamente por la fiscal federal Alejandra Mangano, que había recomendado cerrar el expediente.
La denuncia se había originado a partir del traslado de Angeletti junto a la comitiva oficial que viajó en marzo a Nueva York, en el marco del evento Argentina Week, lo que había generado cuestionamientos por un posible uso indebido de recursos del Estado. Sin embargo, tanto la fiscalía como el magistrado concluyeron que no hubo irregularidades ni costos adicionales atribuibles a su participación en el viaje.
Según el dictamen fiscal, la investigación permitió establecer que el avión oficial utilizado, un Boeing 757-200 con 39 asientos, tenía plazas disponibles y que la incorporación de Angeletti no modificó el gasto total del operativo. En esa línea, se entendió que su presencia se encuadró dentro de un uso razonable de las facultades discrecionales de la administración.
Mangano sostuvo además que no se verificaban los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal, referido a la malversación de caudales públicos, ni otras figuras del mismo capítulo. También remarcó que no existió una erogación presupuestaria particular o extraordinaria derivada del hecho denunciado.
Tras conocerse la resolución judicial, el propio Adorni reaccionó en redes sociales con una frase en la que celebró el cierre del expediente. También se expresó el presidente Javier Milei, quien escribió en X: “esto se empieza a poner lindo”, en respaldo al funcionario.
De esta manera, la Justicia federal dio por cerrada una causa que había sumado ruido político en torno al uso del avión oficial, pero que finalmente fue archivada al no encontrarse elementos suficientes para sostener la existencia de un delito ni de un perjuicio económico para el Estado.