La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir el monto fijado en concepto de decomiso dentro del expediente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Según la resolución, el decomiso alcanza un total de 111 inmuebles vinculados a los condenados. De ese universo, 84 propiedades corresponden a Lázaro Báez, 19 a Máximo y Florencia Kirchner —entre ellas activos vinculados al complejo Los Sauces— y una a la ex mandataria en El Calafate, de acuerdo con los detalles difundidos tras el fallo.
El fallo ratificó la necesidad de hacer efectivo el recupero fijado en la condena, que supera los $684.990 millones, y estableció que si el valor de los activos principales no alcanza para cubrir esa suma, se avanzará con la realización de otros bienes comprendidos en la causa. La medida forma parte de la etapa de ejecución del decomiso ordenado en el expediente Vialidad.
La resolución se apoya en la condena ya firme en la causa, que dio por acreditada la existencia de un esquema de direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz. En ese marco, Cristina Kirchner cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria de seis años, tal como recordó la cobertura periodística sobre la decisión de Casación.
En paralelo, el tribunal dispuso que la administración y eventual realización de los bienes quede bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá intervención en el proceso destinado a recuperar el perjuicio económico determinado en la sentencia.
La defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos había intentado frenar el decomiso y sostuvo que parte de los bienes incluidos provienen de herencias o cesiones previas al período investigado, por lo que no deberían ser alcanzados por la medida. Ese planteo ya había sido presentado ante Casación en instancias anteriores, pero el tribunal finalmente avanzó con la ejecución.
Con esta resolución, la causa Vialidad entra en una etapa clave: la del recupero patrimonial del dinero fijado por la Justicia, en uno de los capítulos más sensibles del expediente que involucra a la ex presidenta, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez.