Este sábado 5 de septiembre entró en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y estableció condenas de hasta 15 años. La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero, con 149 votos a favor y 100 en contra, y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo; su entrada en vigencia estaba prevista a los 180 días de esa publicación.
La reforma alcanza a los adolescentes de entre 14 y 17 años que sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales, y deroga la Ley 22.278, vigente desde 1980. Los menores de 14 años continúan fuera de la imputabilidad penal ordinaria.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, celebró la entrada en vigencia de la norma. “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”, publicó en su cuenta de X. La dirigente sostuvo que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” y afirmó que “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”. También señaló que, durante años, “los delincuentes menores tuvieron impunidad” y que la ley debe priorizar la protección de las víctimas, para quienes la nueva normativa representa “una pizca de la justicia que nunca van a tener”.
Según se informó, entre las cuestiones pendientes para la implementación del nuevo régimen figuran la disponibilidad de pulseras electrónicas, la designación de supervisores especializados y la articulación con los sistemas procesales provinciales. El Congreso destinó una partida de $23.739.155.303 para su implementación.
Organismos especializados en infancia señalaron, por su parte, que cualquier régimen penal juvenil debe garantizar penas proporcionales, medidas diferenciadas según la edad y que la privación de la libertad se aplique bajo criterios estrictos.