Un informe técnico del Ministerio de Salud incorporado a la causa que investiga un presunto fraude millonario en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó diferencias “injustificables” entre los valores pagados por el Estado y los precios de referencia del mercado en la compra de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos médicos. La existencia del relevamiento y sus conclusiones fueron difundidas por La Nación y forman parte del expediente judicial que investiga el fiscal Franco Picardi junto con el fiscal especializado Sergio Rodríguez.
Según esa reconstrucción, el informe está fechado el 10 de abril de 2026, fue firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y analizó 37 facturas emitidas por seis proveedores durante 2025. En total, las empresas alcanzadas por ese estudio habrían recibido pagos por más de $18.100 millones.
El relevamiento detectó sobreprecios que oscilaron entre el 300% y el 1.000%, aunque en algunos casos la diferencia habría sido todavía mayor. El caso más llamativo fue el de un andador que, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, se habría adquirido con una diferencia del 4.239% respecto de su valor de mercado.
Entre las operaciones observadas también aparece la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter, un insumo utilizado para tratar determinadas patologías cardíacas. Siempre según el informe citado, la ANDIS habría pagado $425 millones por ese producto en julio de 2025, mientras que meses antes el PAMI había abonado $124,2 millones por el mismo insumo. La diferencia, en ese caso, rondaría el 242%.
Otro de los capítulos bajo análisis es el de las sillas de ruedas, con facturaciones que habrían llegado hasta los $19 millones por unidad, cuando el valor de referencia nacional rondaba los $1,28 millones. En al menos uno de los ejemplos citados por la prensa, la brecha habría superado el 1.300%. El informe habla de “desvíos técnicamente indefendibles” y sostiene que no existen justificaciones terapéuticas que respalden erogaciones de esa magnitud.
La documentación fue sumada a una causa más amplia sobre presuntas irregularidades dentro de la ANDIS. En ese expediente, ya hubo procesamientos, pedidos de nuevas indagatorias y medidas patrimoniales contra exfuncionarios y empresarios vinculados al sistema de compras del organismo. Entre los nombres que aparecen en la investigación figuran el extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector Pablo Atchabahian, el empresario Miguel Ángel Calvete y el exfuncionario Daniel Garbellini, entre otros.
En esa línea, La Nación informó que los investigadores sospechan que el sistema utilizado para las compras, pensado originalmente para agilizar procesos, habría sido manipulado para simular competencia y direccionar contrataciones hacia un grupo reducido de proveedores. La causa también analiza chats, audios y otras pruebas que podrían dar cuenta de un circuito coordinado entre funcionarios y empresarios para beneficiarse con esas operaciones.
Por el momento, la investigación sigue en trámite y no hay una resolución definitiva sobre el total de responsabilidades. Pero el informe técnico sumó una pieza de peso a una causa que ya aparece entre las más delicadas dentro del esquema de compras públicas de insumos médicos y prestaciones para personas con discapacidad.