La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar de manera inmediata las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia de Buenos Aires. La resolución, dictada por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a los organismos involucrados.
La acción judicial fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. La demanda busca que el Ejecutivo cumpla con las obligaciones contractuales en la red vial bonaerense, financiadas mediante el fideicomiso del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.
El planteo de la diputada se sustenta en la subejecución de los fondos del SISVIAL, calculados en $1,5 billones, que debían asignarse a obras viales. Tolosa Paz sostuvo: “El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”. Según registros incorporados al expediente, la Ruta Nacional 5 registró en el primer semestre de 2026 más víctimas fatales que durante todo 2025.
En paralelo, Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra los funcionarios responsables de la administración de esos recursos.
En el plano procesal, el juez dispuso la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y fijó un plazo de tres días para que Economía, Vialidad y el Banco Nación presenten el informe previo sobre medidas cautelares, y de diez días para el informe de fondo sobre el amparo.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no respondió públicamente a los planteos judiciales de la diputada.