El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la norma que obliga a incluir octógonos negros en productos con excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, y que además restringe el uso de personajes animados y otros recursos publicitarios en determinados envases. El ingreso del expediente fue reportado en los últimos días por distintos medios parlamentarios y políticos.
La iniciativa apunta a dejar sin efecto la Ley 27.642, sancionada en octubre de 2021, que había sido aprobada con amplio respaldo en el Congreso. Según la justificación oficial citada por la prensa, el esquema vigente “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos”, generando confusión entre los consumidores.
La norma vigente fue impulsada, entre otros, por Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos, y tuvo como objetivo declarado garantizar el derecho a una alimentación adecuada y brindar información nutricional clara y comprensible. En estos días, Cobos salió a cuestionar el intento de derogación y aseguró que avanzar en ese sentido sería “tirar por la borda un cambio cultural”.
Según las coberturas conocidas hasta ahora, el proyecto oficial consta de un artículo central que propone la derogación completa de la ley, sin modificaciones parciales ni esquema alternativo de rotulado. Esa decisión generó rechazo en sectores opositores, organizaciones de nutrición y parte del universo dialoguista, donde ya anticipan que el tema no aparece hoy entre las prioridades legislativas más inmediatas.
En el plano político, la Casa Rosada busca aprovechar una composición parlamentaria más favorable que la que existía cuando la ley fue aprobada. Aun así, el panorama no está despejado: el oficialismo necesitará acuerdos con aliados y bloques federales para avanzar en el Senado, y por ahora ni siquiera está claro cuándo comenzará a tratarse el expediente en comisión.
La iniciativa se inscribe además dentro de un paquete más amplio de proyectos enviados recientemente al Congreso, entre ellos reformas políticas, propuestas vinculadas a ludopatía y otras medidas con impacto institucional y económico. Ese contexto suma incertidumbre sobre los tiempos reales del debate.
De esta manera, el Gobierno abrió un nuevo frente de discusión pública en torno a una ley que había modificado de forma visible la presentación de alimentos en góndolas y que ahora vuelve al centro del debate político, sanitario y económico.