El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena en la causa Vialidad, ordenó el embargo preventivo de un conjunto de propiedades y activos, entre ellos el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La propiedad pertenece a la firma inmobiliaria Los Sauces y forma parte de los bienes con los que se busca cubrir el monto de $685.000 millones fijado como perjuicio al Estado. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que la medida no altera la titularidad de los inmuebles ni implica una subasta en el corto plazo, sino que busca impedir su venta o transferencia mientras avanza el proceso.
Esta segunda etapa de embargos alcanza a más de un centenar de bienes de las sociedades comerciales de la familia Kirchner y de las empresas de Lázaro Báez, entre ellos inmuebles en el complejo Madero Center de Puerto Madero, terrenos y edificaciones en Río Gallegos, el chalet de la expresidenta en El Calafate, y el predio donde funciona un hotel en El Chaltén.
La resolución también alcanzó bienes a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal otorgó un plazo de 24 horas al Banco Galicia para que informe sobre una caja de seguridad con más de cinco millones de dólares y dos cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner.
Según el fallo del tribunal, la sentencia por la causa Vialidad determinó que las maniobras vinculadas a la obra pública generaron beneficios económicos que circularon, entre otras vías, a través de la explotación hotelera e inmobiliaria de las firmas Los Sauces y Hotesur. La medida incluyó además la reinscripción de embargos sobre vehículos de los condenados, entre ellos un automóvil a nombre de la expresidenta.
Estas nuevas medidas se conocen mientras la Corte Suprema analiza los planteos de la defensa sobre una primera tanda de 111 bienes, cuya ejecución ya había sido avalada por la Cámara Federal de Casación Penal.