La situación financiera del PAMI se agrava. La ejecución presupuestaria muestra una caída de casi 30% real entre enero y julio frente al mismo período de 2025, en medio de reclamos de clínicas y sanatorios por atrasos, aranceles que consideran insuficientes y dificultades para sostener algunas prestaciones destinadas a jubilados.
La asistencia financiera al PAMI alcanzó aproximadamente los $900.000 millones en los primeros siete meses del año, lo que, descontando la inflación, implicó una baja de 28,7% real, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Solo en julio se giraron cerca de $100.000 millones, con una disminución interanual real del 16,8%.
La eliminación del Impuesto PAIS y los recursos del PAMI
Uno de los puntos centrales de la discusión está en los recursos que dejó de recibir el organismo tras la eliminación del Impuesto PAIS, vigente hasta fines de 2024, que tenía entre sus destinos el financiamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Se estima que existe una diferencia de alrededor de $1,2 billones entre los recursos que el organismo hubiera recibido este año a través de ese tributo y la compensación prevista por el Gobierno nacional. De acuerdo con esos cálculos, durante 2026 hubieran ingresado unos $2,8 billones provenientes del Impuesto PAIS, mientras que la asistencia contemplada para reemplazar esos fondos rondaría los $1,6 billones.
En medio del recorte, la situación comenzó a trasladarse a la relación con los prestadores. En los últimos meses, clínicas y sanatorios de distintas provincias advirtieron por demoras en los pagos y dificultades para cubrir los costos de atención con los valores reconocidos por PAMI. En junio también trascendió que el Ministerio de Economía había recurrido a bonos para cancelar obligaciones con proveedores.
Clínicas reclaman una actualización de los aranceles
Uno de los últimos conflictos se produjo en Entre Ríos, donde el Sanatorio Concordia anunció que dejará de brindar prestaciones a través de PAMI, una decisión que afecta a alrededor de 15.000 afiliados que se atendían en el establecimiento.
La titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia D’Agostino, vinculó las dificultades del sector con los cambios en el esquema de financiamiento del organismo: “PAMI perdió una fuente importante de financiamiento” con la eliminación del Impuesto PAIS. Señaló además que “la reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles” y estimó que sería necesario un incremento superior al 100% para recomponer los valores que reciben los prestadores.
También se registraron cuestionamientos de prestadores en Neuquén, la Patagonia y la provincia de Buenos Aires. Los diputados neuquinos Darío Martínez y Darío Peralta presentaron un proyecto para exigir al Gobierno nacional que garantice la continuidad y calidad de las prestaciones, y denunciaron una deuda de alrededor de $1.500 millones con clínicas de esa provincia.
En medio de la crisis, esta semana se registraron renuncias en la conducción del organismo. Hasta el momento, el PAMI no realizó declaraciones públicas respondiendo a los reclamos de los prestadores.