Bolivia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política y social en los últimos meses. En medio de protestas, bloqueos de rutas y reclamos por la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, avanzó una modificación normativa que flexibiliza las condiciones para declarar el estado de excepción, una medida que podría ampliar la intervención de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas frente al conflicto interno.
De acuerdo con Reuters, el Gobierno anunció a través de la gaceta oficial la derogación de una norma que imponía mayores restricciones para declarar ese estado excepcional. El nuevo esquema establece que el Poder Ejecutivo puede avanzar con el pedido al Congreso, que deberá pronunciarse en un plazo de 72 horas. La medida recibió respaldo del oficialismo y de parte de la oposición.
En paralelo, distintos medios regionales reportaron que en la Cámara de Diputados hubo respaldo para derogar la Ley 1341, conocida como Ley Copa, sancionada en 2020 para fijar límites, controles y condiciones más estrictas sobre el uso del estado de excepción. Esa ley había sido impulsada justamente para evitar abusos y un despliegue indiscriminado de fuerzas en conflictos internos.
El trasfondo de esta decisión es una crisis que ya lleva cerca de cuatro semanas de protestas y bloqueos, con fuerte impacto en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto. Reuters señaló que los manifestantes, en gran parte vinculados a sectores sindicales y seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia de Paz y rechazan las medidas de ajuste, especialmente el recorte de subsidios.
La escalada también dejó víctimas fatales. Este martes, el Gobierno reconoció la muerte de un joven de 24 años durante la represión de una protesta, luego de haber negado inicialmente el hecho. Medios locales y regionales difundieron que, según el acta de defunción, la causa fue un “proyectil de arma de fuego”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que se investiga lo ocurrido y afirmó que nadie está por encima de la ley.
Con este escenario, Bolivia combina una crisis económica profunda, tensión institucional, protestas crecientes y una respuesta estatal cada vez más dura. La flexibilización del estado de excepción aparece así como una señal política de endurecimiento frente a una situación que todavía está lejos de resolverse.