Sequías e inundaciones, tensiones y desarraigo de los territorios por la falta de regularización de tenencia de tierras fueron algunos de los aspectos señalados en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de Nación.
En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331. De ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a Salta, entre otras provincias. Así surge del informe que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ante el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Salta representó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%, mientras que en Chaco fue el 14% y en Formosa el 13%.
La Ley 26.331 (iniciativa que nació a raíz de la situación los ex lotes fiscales salteños 32 y 33), habría sido uno de los factores que colaboró para que en que el país disminuyera la pérdida de bosques. Según el informe, del 0,94% de deforestación de bosques nativos que se registró en 2007 (año en el que se sancionó la ley), se pasó a un 0,34% en 2015. La tasa subió un poco durante el macrismo, cuando pasó al 0,42%. De todas maneras, la tasa de deforestación sigue siendo una de las más altas de Sudamérica, ubicada detrás del Amazonas.
Si bien la Ley de Bosques indica que en zonas rojas y amarillas (o categorías I y II) no se debe desmontar, tanto en Salta como en Chaco se autorizaron las llamadas “recategorizaciones”. Es así que áreas rojas y amarillas fueron habilitadas para el paso de las topadoras, lo cual implicó que entre las dos provincias se permitiera el desmonte de 88.990 hectáreas asignadas la categoría I y 33.675 hectáreas de la categoría II.
Hubo quejas y marchas atrás, pero al menos en Salta los desmontes en zonas recategorizadas continuaron porque, antes de irse, el gobernador Juan Manuel Urtubey lo permitió, y su sucesor, Gustavo Sáenz, no lo cuestionó.
Un modelo insostenible
El informe del Ministerio de Ambiente de la Nación afirma que entre 2010 y 2017 en el país se incorporaron a la actividad agropecuaria 4,5 millones de hectáreas, lo cual implica una tasa de crecimiento agropecuario de 640.000 hectáreas anuales. Pero en esos 7 años se abandonaron 2,8 millones de hectáreas para uso agropecuario.
“Este indicador brinda una dimensión de la superficie de desmontes donde no se puede sostener una actividad agrícola en el tiempo”, asegura el informe, y estima que ese período se perdieron 400 mil hectáreas de uso agropecuario por año. Esto es una señal “de la aplicación de prácticas agropecuarias no sostenibles, que por avanzar en áreas con limitantes naturales para ese uso (con mayores riesgos ante contexto de cambio climático), no logran sostener el uso agropecuario, teniendo que abandonar tierras y buscar nuevas”, completa el documento.
El informe de la cartera ambiental nacional también hace referencia al problema del agua: “Se calcula que un bosque puede contener más de 60 millones de litros de agua por hectárea. Por el contrario, si se reemplaza un bosque del Chaco seco por un cultivo de soja, la cantidad de agua retenida en la biomasa vegetal viva es de unos 3 millones de litros de agua por hectárea”.
“El consumo de agua (evapotranspiración) del bosque regula la percolación profunda, con el consecuente efecto de evitar el ascenso de napas, lo que provoca inundaciones y salinización de suelos, que en casos extremos ha llevado a la pérdida de miles de hectáreas de tierras productivas, como en el caso de Australia (…) este tipo de procesos están generándose por ejemplo en el Chaco Salteño a partir del reemplazo de bosque por agricultura de secano”, concluye.
La tierra, para vivir o para negociar
En más de una oportunidad, Salta/12 dio cuenta de la cantidad de conflictos que se generan en la región chaqueña por la falta de regularización de la tierra, ya sea de comunidades indígenas o criollas, con los llamados “titulares registrales”. Esos conflictos tienen que ver con la idiosincrasia de cada comunidad, su visión sobre la tierra y el uso que hace de ella.
“Buena parte de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en detrimento de un beneficio social”, sostiene el informe de Ambiente, y añade que la Ley de Bosques “tiende en definitiva a compensar, reparar y equilibrar estos desequilibrios que se dan en el plano social, ambiental y económico”. Se trata de un aspecto que, al menos hasta ahora, no se logró visibilizar en las zonas más conflictivas del chaco salteño.
Una posible explicación, según el informe, es que la expansión de la agricultura en la región chaqueña del país se vio facilitada “por la liquidez de capital generado principalmente por los altos precios agrícolas y la rentabilidad de la soja”. La tierra que antes se usaba como “respaldo financiero”, pasó a ser objeto de “inversión productiva”. “Se formaron así empresas que compraban tierras con bosques, las ‘desarrollaban’ (o sea, hacían desmonte y habilitación para agricultura y ganadería), y luego las vendían a precios sustancialmente mayores”, indica el documento.
Y agrega que, con estas intervenciones, el valor de la tierra implica una negociación favorable. “Por ejemplo, en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares, siendo el costo de desmonte de 1.200 dólares”. No por nada hay avisos que promocionan la venta de tierras desmontadas.
“Gran parte de estas tierras se encuentran bajo tenencia precaria, ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades criollas o por ser parte de territorios indígenas. Si bien en algunas provincias existen instituciones específicas que disponen de registros de las ocupaciones de tierras y de la identidad de sus ocupantes, en otras jurisdicciones las ocupaciones –tanto de criollos como de pueblos indígenas– no han sido documentadas”, afirma el documento.
Pese a la existencia de la Ley n° 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias, el porceso de regularización “no ha sido completado aún y por lo tanto existen todavía numerosas comunidades a las que no se ha asignado todavía la propiedad”, advierte el Ministerio de Ambiente.
Esto desencadenó “fuertes conflictos entre los ocupantes y quienes disponen de los títulos de propiedad. Los conflictos por la tierra se profundizan ya que los procesos de regularización de los títulos son trámites complejos y no contemplan las condiciones de aislamiento y pobreza que caracteriza a las familias que habitan en esas tierras con bosques”.
El Banco Mundial mira pero no ve
Del informe más amplio del Ministerio de Ambiente de la Nación surge que, según un artículo publicado por el Banco Mundial (BM) en 2014, Argentina es uno de los quince países más afectado por las inundaciones, que en el año 2012 le costaron 3.400 millones de dólares en daños materiales, lo que equivale al 0,7 % del PBI.
“Si a esto se suma que casi ocho de cada diez argentinos viven en la cuenca del Paraná (4 millones de kilómetros cuadrados de superficie), podemos concluir que las inundaciones representan el desastre natural que afecta al mayor porcentaje de población del país (BM, 2014)”.
En 2016, en un nuevo informe el BM consideró que “una comparación visual entre la distribución espacial de la deforestación y los eventos de inundaciones sugiere que las mayores inundaciones ribereñas ocurren en regiones deforestadas e indicó que los escurrimientos de agua provocados por la deforestación provocan una acumulación de mayor volumen y ritmo más acelerado aguas abajo”.
Pese a las evidencias estudiadas, “tanto el BM como el discurso predominante en la política y las empresas relacionadas a la producción agropecuaria apuntan a que, para solucionar el problema recurrente de inundaciones, hay que mejorar la información hidrometeorológica, aumentar la inversión en obras de drenaje y expandir los seguros de riesgo climático (BM 2014).
Esto no tiene en cuenta una de las principales causas del problema que es el sistema productivo dominante, que ha llevado a un irresponsable cambio de uso del suelo a través de la deforestación y el reemplazo de sistemas productivos más eficientes en la regulación hídrica por el de la monocultura agrícola”, indicó el informe de la cartera a cargo de Juan Cabandié.