Finalmente, siete meses después de que fuera anunciado, Diputados convocó a una sesión especial para dar media sanción al devaluado “impuesto a la riqueza”, denominado amigablemente por sus mentores como un aporte solidario. La iniciativa que lleva las firmas de Máximo Kirchner y Carlos Heller llega así depreciada y deshilachada, como un parche para contener el descontento popular creciente por el ajuste fondomonetarista que en estos días cobró cuerpo con el proyecto contra la movilidad jubilatoria y la eliminación del IFE y el ATP.Su recaudación, en caso de aprobarse sin nuevos recortes, no pasaría los 300.000 millones de pesos. Una suma que desde que fuera concebido el proyecto, se habrá depreciado en un cuarto de su valor frente a la inflación para fin de año.
Mientras demoraban el proyecto, el gobierno “mejoraba” unos 16.000 millones de dólares la oferta para cerrar el canje de deuda con los bonistas. En todo este tiempo, los capitalistas -cuyas riquezas reales están exentas del «aporte», porque no se toca a las empresas- fueron asistidos con todo tipo de beneficios. Desde la liberación del pago del 95% de los aportes patronales al sistema previsional, la posibilidad de recortar el 25% de los salarios (con otro 50% subsidiado por el ATP), una moratoria impositiva y hasta una baja en las retenciones a la exportación. Solo con haber especulado en dólares cubrirían el gravamen.
En paralelo, los trabajadores sufrieron los recortes salariales y los jubilados el congelamiento de la movilidad. En el mejor de los casos, quienes se quedaron sin ingresos recibieron 5.000 pesos por mes, y todo en medio de un tendal de despidos y suspensiones. A su vez, mientras cada vez más trabajadores perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Si llegara a convertirse en ley, este proyecto no modificaría un ápice el esquema impositivo regresivo, sino que solo tendría la finalidad práctica de oficiar de taparrabos del programa de ajuste que se pacta con el FMI. El mejor indicador de ello es que un cuarto de lo recaudado iría a parar a las cuentas de los pulpos petroleros, en el marco de la montaña de subsidios del Plan Gas -que será costeada principalmente con tarifazos a los usuarios y naftazos. Las partidas menores que se destinarían en abstracto al sistema sanitario y registro de barrios populares, no pueden engañar a nadie, en manos de los desalojadores de Guernica y decenas de tomas, y de los que proyectan un fenomenal ajuste a la salud en el Presupuesto.
La citación a sesión especial pretende mostrar que el gobierno mantiene un margen para «políticas progresistas», luego de votar un Presupuesto 2021 que hasta Juntos por el Cambio denunció como una ley de ajuste. La presunta ala izquierda del Frente de Todos, que ya se había tenido que tragar la brutal represión de Guernica, sale a defender esta maniobra con el lema «que no la pongan los pobres ni la clase media» mientras el gobierno de Alberto Fernández consuma un robo a los jubilados que en los primeros nueve meses del año fue de 72.000 millones de pesos, a la par que pagó a los bancos más 500.000 millones de pesos por intereses de Leliqs. El «aporte solidario» lo hicimos todo el año los trabajadores, compulsivamente.
El proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda se ubica en las antípodas del «aporte solidario» no solo porque grava de verdad a los capitalistas y pone la recaudación, diez veces mayor, bajo control popular para asistir realmente a la población trabajadora, a la salud, a los sin techo y a los desocupados; sino también es parte de un plan de lucha contra el pago de la deuda.