El gobierno volvió a enfatizar en el “compromiso individual”, exceptuando a las patronales de toda responsabilidad.
En una nueva conferencia de prensa encabezada por el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, los mandatarios anunciaron una extensión, hasta el 16 de agosto, de la situación según el estado de cosas actuales: es decir, manteniendo la fase 3 y la liberalización de gran parte de la actividad económica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Esta medida, contraria a las recomendaciones epidemiológicas y sanitarias, de no innovar se produce ante un importante crecimiento de contagios en la provincia de Buenos Aires, nuevos brotes en el interior del país y con la mirada fija en un eventual colapso del sistema sanitario. La responsabilidad volvió a ser colocada en cabeza de la población y las “reuniones sociales”.
Fernández reconoció que los contagios crecieron más allí donde más se liberalizó la cuarentena. No hizo mención alguna a la responsabilidad patronal y a la vulneración sistemática de las indicaciones sanitarias. Mucho menos aún a la implementación de sanciones de algún orden para los empresarios responsables del rebrote de contagios.
A estas alturas, todos los ojos siguen puestos en la saturación del sistema sanitario, que en la zona del Amba ha llegado al 64,5% de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El gobierno reconoce que el colapso del sistema de salud sigue siendo una opción posible, pero nada nuevo ha anunciado para combatir este escenario.
“De casa al trabajo y del trabajo a casa”: así crece el contagio
Lo que el gobierno omite deliberadamente es que mientras se apela reiteradamente a la responsabilidad individual de la población y se cargan las tintas sobre supuestas reuniones sociales, en los lugares de trabajo los protocolos sanitarios no pasan de ser una fachada para la reactivación económica a costa de la salud de los trabajadores: en la mayoría de los lugares no se aplican ni se controlan.
Ante este escenario, el gobierno especula con un milagro: que el crecimiento de los contagios no haga detonar el sistema sanitario y disparar la tasa de mortalidad por nubes. La insistencia en la “responsabilidad individual” no lo exime de esta responsabilidad social, de clase, impulsada por la presión de las patronales para avanzar hacia una “nueva normalidad”.
De igual manera el gobierno local con Victor Aiola a la cabeza, a pesar de no haber tomado ninguna medida para garantizar una cuarentena en casa, (reparto de alimentos, kits de higiene, seguro al parado) también trasladó toda la responsabilidad a los ciudadanos de Chacabuco y a las reuniones sociales, lo cierto es que la mayoría de los contagios se produjeron en el ambiente laboral. En Chacabuco se persigue y detiene a trabajadores, se los multa por circular para engrosar las quebradas arcas municipales.
La deliberación de los trabajadores debe servir para conformar comités de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo, que discutan y aprueben los protocolos sanitarios para cada actividad y tengan poder de paralizar la producción allí donde estos se vulneren. Los procesos productivos y económicos no pueden ser colocados por delante de la salud del pueblo trabajador. La crisis actual expresa la orientación social de fondo de un gobierno cuya agenda la marcan las patronales y el FMI.
Partido Obrero Chacabuco