En una nueva escalada dentro del juicio por la estatización de YPF, los fondos demandantes solicitaron este jueves ante los tribunales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare en desacato y sancione a la Argentina.
El planteo se basa en una supuesta demora del Estado argentino en la entrega de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios que los demandantes consideran relevantes para el proceso. La presentación fue realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero del fondo Burford Capital.
Los acreedores reclaman al menos cinco sanciones en el marco del proceso de discovery, etapa en la que buscan obtener información para avanzar en el cobro de la sentencia que condenó al país a pagar más de US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.
Entre las medidas solicitadas, pidieron que la Justicia declare como “alter ego” del Estado argentino a organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas. Para sostener ese planteo, reclamaron que se analicen comunicaciones por WhatsApp, correos electrónicos y otros canales no oficiales que, según su interpretación, demostrarían un control estatal directo.
Además, solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato por un supuesto incumplimiento deliberado de órdenes judiciales y que se imponga una multa coercitiva de al menos un millón de dólares diarios mientras persista la falta de entrega de información. También pidieron sanciones civiles y que se presuma como desfavorable cualquier evidencia que no haya sido presentada.
En caso de que el país argumente que no puede acceder a esas comunicaciones, los demandantes solicitaron la convocatoria a una audiencia con testigos en vivo, que podría incluir al ministro de Economía Luis Caputo y al canciller Pablo Quirno. Asimismo, reclamaron que la Argentina asuma los costos y honorarios legales de esa instancia.
El cronograma judicial establece que la defensa argentina deberá responder el 19 de febrero, mientras que los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo. Las audiencias quedaron fijadas para los días 23 y 24 de marzo, cuando la jueza Preska definirá si hace lugar al pedido de sanciones.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación anticiparon el rechazo del planteo y lo calificaron como “insólito y desproporcionado”. Según el Gobierno, la Argentina cumplió con el discovery mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de distintos funcionarios, y denunció que la moción constituye un intento de hostigamiento judicial por parte de Burford Capital.