Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y convirtió en ley la iniciativa impulsada por el oficialismo. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una votación que expuso una fuerte polarización política y ambiental.
La norma redefine los alcances de la protección sobre glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos en esos territorios. Según el Gobierno, los cambios buscan dar mayor “seguridad jurídica” y devolverles a las provincias capacidad de decisión sobre el uso de sus recursos naturales.
Además de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa legisladores del PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y otros bloques provinciales y aliados. También hubo acompañamientos individuales desde otros espacios, mientras que la mayor parte de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y otros sectores opositores votaron en contra.
Tras la votación, la Oficina del Presidente celebró la aprobación definitiva de la ley y sostuvo que la reforma “aclara con precisión científica” qué áreas deben seguir protegidas, al tiempo que permite avanzar con proyectos productivos y mineros en zonas que, según el oficialismo, habían sido “mal catalogadas”. En ese marco, el Gobierno aseguró que los cambios responden a un reclamo histórico de provincias mineras y cuestionó con dureza a organizaciones ecologistas.
Desde sectores ambientalistas, en cambio, advirtieron que la modificación implica un retroceso en la protección de reservas hídricas estratégicas y alertaron sobre los riesgos de dejar en manos provinciales criterios que hasta ahora estaban definidos por la legislación nacional. También cuestionaron el escaso nivel de participación ciudadana en el debate y anticiparon posibles planteos judiciales.
En la previa de la sesión, Greenpeace realizó una protesta frente al Congreso en rechazo a la reforma. Durante la manifestación, varios activistas fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.
Con esta votación, el Gobierno consiguió una victoria legislativa de alto impacto político y económico, en medio de un fuerte debate entre quienes defienden la ampliación de la actividad minera y quienes advierten por sus consecuencias ambientales.