La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes y anular la resolución que la obliga, junto a otros ocho condenados en la causa Vialidad, a pagar 537 millones de dólares como reparación económica. El plazo para realizar el depósito en la cuenta del Banco Nación vence este miércoles a las 9:30.
En su presentación, la defensa cuestionó la metodología empleada para fijar la suma a devolver. El abogado Carlos Beraldi señaló que “la cifra es técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, y objetó el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC como base de cálculo en lugar de tasas bancarias.
Cristina Kirchner, por su parte, afirmó:
“No tengo bienes que sirvan a esos fines y que puedan ser ejecutados”.
Agregó que nunca tuvo en su patrimonio bienes vinculados a los hechos imputados y defendió la legitimidad de la evolución patrimonial suya y de su familia, respaldándose en pronunciamientos judiciales firmes.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Gorini, Giménez Uriburu y Basso, había otorgado diez días hábiles para que los condenados definan la proporción de pago que le corresponde a cada uno. El monto, según el tribunal, responde al “daño producido al erario público” considerado “provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.
Los otros condenados son Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. La sentencia de 2022 los responsabilizó por la adjudicación irregular de 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, la mayoría a empresas de Báez.
En ese fallo, el perjuicio se había estimado en $85 millones, pero el 12 de julio pasado se actualizó a $684.990 millones con el IPC como referencia.