La Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó a tres exfuncionarios de la Municipalidad de Chacabuco por defraudación y asociación ilícita en perjuicio del Estado local, en el marco de la causa conocida como “Causa Corralón”, iniciada en 2023 por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas durante la gestión del exintendente Víctor Aiola.
El fallo impuso penas de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período a:
- Juan Carlos Gómez, exsecretario de Servicios Públicos
- Gabriel Vespasiano, exsubsecretario
- Pablo Alegre, exjefe del corralón municipal
Además, también fue condenado el proveedor Bernardo Burghetti por su participación en las maniobras.
Según la sentencia, los exfuncionarios participaron de un esquema destinado a simular contrataciones para obras inexistentes o innecesarias, aprovechando la falta de control sobre tareas que, en realidad, eran realizadas por empleados municipales ya designados. A cambio de favorecer contrataciones irregulares, habrían recibido compensaciones económicas.
La investigación incluyó allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, y la intervención del corralón municipal por parte de fuerzas federales. En 2024, la Justicia rechazó pedidos de sobreseimiento, lo que permitió avanzar hacia el juicio.
Si bien las condenas son condicionales —por lo que ninguno de los imputados irá a prisión efectiva— deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, someterse al Patronato de Liberados, fijar domicilio y abonar una indemnización establecida por el tribunal. En el caso del proveedor, también se dispusieron restricciones específicas, como la prohibición de hostigar o intimidar a la víctima.
La causa generó fuerte repercusión en la ciudad desde su inicio y, según fuentes judiciales, acreditó un perjuicio económico significativo para las arcas municipales, convirtiéndose en uno de los casos más resonantes de presunta corrupción en la región.