El presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, comunicó que la Junta Directiva de la entidad tomó la decisión de avanzar en un petitorio al Ministerio de Trabajo para penalizar con el no pago de salarios a los trabajadores que no estén vacunados. “El que no quisiera vacunarse, no podrá ingresar a trabajar”, expresó Funes en una charla con periodistas. “Hay países que ya tienen normas de derecho de exclusión”, continuó el empresario, que aseguró que están en curso las conversaciones con el gobierno para una especie de adecuación de la norma a los tiempos que corren y al avance de la vacunación en el país. Algo similar al pedido que se hizo para que todos aquellos con primera dósis vuelvan a las plantas.
La decisión, polémica sobre todo por la repercusión sindical que podría tener y posibles casos de judicialización, no será obligatoria. “Lo decidirá cada empleador”, completó Funes. “La vacuna existe, tengo el derecho a no adoptarla, pero existe el cese de dispensa. Respecto a las charlas con los sindicatos, lo veremos sector por sector”, aseguró el empresario alimenticio.
Ante las preguntas de los alcances de la decisión, expresó que “es el pensamiento de la UIA, y no estamos hablando de despidos, sino de la posibilidad de no pagar el salario a aquellos que no estén vacunados”.
En la reunión de Junta se especificó que la idea es que todo aquel que quiera ejercer su derecho a no vacunarse lo haga, pero que eso se contraponga con el derecho de la empresa de no abonarle su sueldo hasta tanto se vacune o se decrete el fin de la pandemia. La curiosidad es que Argentina es un país, diferencia de otras naciones, con niveles muy bajos de personas no decididas a inocularse contra la COVID, de lo cual se deduce que la queja por la situación deriva de una cuestión neta de costos. En esa línea, Funes también expresó que para la UIA, las licencias parentales son una preocupación que “pueden afectar mucho, sobre todo a las pymes”.
De todos modos, y en lo respectivo a vacunas, aclararon fuentes de la entidad que se han reportado casos de trabajadores que, por razones religiosas o personales, no quieren vacunarse, y que eso puede redundar en una complicación de la producción, luego de dos años en los que se sostuvieron protocolos de actividad que tuvieron éxito.