La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y confirmó la cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La decisión judicial obliga al Ejecutivo a ejecutar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición y actualización de las becas estudiantiles.
El proyecto había sido aprobado el año pasado por el Congreso y luego vetado por el Poder Ejecutivo, que argumentó que su aplicación comprometía el equilibrio fiscal. Sin embargo, posteriormente ambas cámaras insistieron con la norma, lo que dejó firme su vigencia. Más tarde, el Gobierno resolvió suspender su ejecución al sostener que no se había precisado el origen de los fondos para afrontar esas erogaciones.
A partir de allí, la discusión pasó al terreno judicial. En una primera instancia, la Justicia había dado lugar a la presentación realizada por el CIN y otras entidades del sistema universitario, que reclamaban el cumplimiento efectivo de la ley. El Gobierno apeló esa cautelar, pero ahora la Cámara confirmó esa resolución y volvió a poner un freno a la postura oficial.
El fallo representa un nuevo revés judicial para la administración nacional. Es que en las últimas horas también se conoció una resolución de la Justicia laboral que suspendió de manera cautelar más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que podrían entrar en conflicto con derechos de jerarquía constitucional. El Gobierno ya anticipó que apelará esa medida.