La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley sobre protección social de la discapacidad, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. La votación se realizó en la madrugada de este jueves, tras unas cuatro horas de debate, y el texto fue girado al Senado, donde se prevé su tratamiento en el corto plazo.
Los votos en contra correspondieron a representantes del cordobesismo y a Lourdes Arrieta, mientras que las abstenciones fueron del Frente de Izquierda.
El texto, titulado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, surgió de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, con aportes de bloques dialoguistas y de la oposición. Incorpora la mayor parte de las prestaciones de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para establecer una norma de orden público con vigencia indefinida.
Durante la jornada previa, referentes de Unión por la Patria se reunieron con representantes de colectivos del sector para analizar si acompañaban el dictamen de mayoría, en lugar de insistir con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Qué establece la ley
- Pensiones: la pensión por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), es compatible con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, con un tope salarial de dos haberes mínimos, vitales y móviles.
- Prestaciones: se mantiene el nomenclador único y se ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles, vinculada al índice de movilidad previsional.
- Cobertura médica: se asegura la cobertura del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios de la pensión.
- Presupuesto: los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán registrar caídas en términos reales respecto del ejercicio anterior, y las leyes de presupuesto deberán garantizar un crédito suficiente para la sostenibilidad del sistema.
- Auditorías: se crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías de debido proceso.
- Deudas con prestadores: a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que exige un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas, con un plazo de hasta 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente.
Durante el debate, Herrera Ahuad pidió además un compromiso explícito para retirar el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que contiene derogaciones y modificaciones vinculadas con las garantías discutidas.