Desde el Bloque UCR-PRO exigimos la inmediata separación del cargo de Gerardo Alejandro y realizaremos una presentación judicial por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En una reciente entrevista radial, el Subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco, Gerardo Alejandro, formuló graves acusaciones contra la labor de los ediles, buscando utilizar información oficial para chantajear y silenciar la función de control de la oposición.
El funcionario afirmó que en un operativo se interceptó a un concejal sin seguro, con licencia vencida y alcoholemia positiva. Sin embargo, al ser consultado por la identidad del responsable, lanzó una abierta amenaza: “No lo voy a decir ahora, pero si siguen hablando mal de Tránsito (…), lo voy a dar con nombre y apellido”.
Sus dichos revisten una extrema gravedad institucional y configuran probables conductas delictivas:
– Uso de la función pública como extorsión: Pretender usar presuntos datos de operativos como amenaza condicional (“si siguen hablando mal…”) para frenar las críticas a su gestión es inaceptable en democracia.
– Incumplimiento de deberes: Si existió una infracción, la obligación legal e inmediata del funcionario era labrar el acta y elevarla al Juzgado de Faltas, no utilizarla como método de apriete político.
Ante esta situación, desde el Bloque de Concejales UCR-PRO informamos que iniciaremos una presentación judicial formal para que la Justicia investigue de oficio las declaraciones y las probables figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas/extorsión. Exigimos al Intendente Darío Golía la inmediata separación del cargo de Gerardo Alejandro. El silencio o la pasividad del Intendente ante semejantes declaraciones lo transformaría en cómplice de métodos de apriete que retrotraen a las peores prácticas de la política. Y a su vez solicitamos la citación urgente del funcionario al Concejo Deliberante para que aporte las pruebas, actas e informes del supuesto operativo al que hace referencia.
Vamos a seguir haciendo lo que la Constitución y la ley nos encomiendan, que es controlar. La ley tiene que ser igual para todos, y la amenaza no puede convertirse en una herramienta de gestión.