La Corte Suprema de Justicia restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó parte de la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de campos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Tras la resolución, bancadas de la oposición en Diputados iniciaron conversaciones para reunir los votos necesarios y convocar a una sesión especial, con fechas que se evalúan entre el 7 y el 15 de octubre, con el objetivo de rechazar en forma definitiva el DNU.
El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anunció la propuesta tras un encuentro con dirigentes del CECIM La Plata: “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
En el marco de las reuniones de comisión, la diputada Agustina Propato definió la medida como una “ley de entrega de la soberanía” y advirtió que “le estaríamos abriendo las puertas a los ingleses para que vengan a comprar el resto del territorio argentino”. Por su parte, el senador Martín Lousteau acusó a la Corte de mostrar “una desconexión con el sentir de la sociedad”.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo que su espacio “siempre estuvo a disposición” para dar de baja la norma: “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.
La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, planteó que “el DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados; de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”. En la misma línea, Maximiliano Ferraro llamó a “activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”, y el diputado Esteban Paulón planteó la necesidad de sesionar de manera “urgente”.
En paralelo, un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó en el Senado un proyecto específico para derogar el artículo 154 y restituir la Ley 26.737, que establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Frente al avance opositor sobre el DNU, que ya cuenta con el rechazo del Senado emitido en marzo de 2024, el oficialismo analiza incluir un capítulo de regulación sobre la propiedad rural —con topes del 15% a nivel provincial y 1.000 hectáreas en la zona núcleo— dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de ofrecer una alternativa legislativa a los bloques dialoguistas y evitar la derogación total del DNU. Desde el Gobierno señalaron que la oposición deberá reunir el quórum necesario para habilitar la sesión especial.