El Ministerio de Capital Humano le solicitó al Ministerio de Educación y Cultura de Formosa la apertura de una investigación sobre un presunto caso de adoctrinamiento político partidario en la EEP N°59 “Leonor Mauriño”, de la localidad de Gran Guardia.
La medida se adoptó tras la difusión de un video en el que la delegada zonal Gladys Esther González vinculó ante los alumnos la entrega de guardapolvos, zapatillas, útiles y el servicio de comedor escolar con la figura del gobernador Gildo Insfrán. En la grabación, la funcionaria pregunta a los chicos quién les proveyó los guardapolvos y, ante distintas respuestas, insiste: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?”, a lo que los niños responden: “Gildo Insfrán”. González continúa mencionando otros recursos, como zapatillas, útiles, leche y comida, y remarca: “Eso es una decisión política del señor gobernador”. Ante la falta de una respuesta inmediata de los alumnos, la delegada les indicó a los docentes presentes que se trataba de “un aspecto por trabajar”.
Frente a este episodio, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, solicitó al Ministerio de Educación y Cultura de Formosa que informe los mecanismos vigentes para prevenir estos hechos y las medidas que adoptará respecto de las autoridades involucradas, al considerar que “la utilización del ámbito escolar para exaltar a una autoridad en funciones constituye un hecho de gravedad institucional” porque “vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos”.
A la par del reclamo nacional, la presidenta de la UCR de Formosa, Agostina Villaggi, y la diputada provincial Carla Zaiser denunciaron la situación. Zaiser cuestionó la existencia de una “bajada de línea” para influir sobre docentes y estudiantes, advirtió sobre el desplazamiento de supervisores por delegados zonales y confirmó la posibilidad de realizar presentaciones legales: “Nos vamos a ajustar justamente con los abogados ahora, a ver si se configura como un delito penal”.
Hasta el momento, el Gobierno de Formosa no realizó declaraciones públicas sobre el pedido de investigación ni sobre la situación de la delegada zonal.