La rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Chacabuco fue aprobada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, pero con fuertes observaciones vinculadas al incumplimiento de sentencias judiciales firmes, embargos sobre cuentas municipales y gastos millonarios que, según el organismo, podrían haberse evitado. Así lo reconstruyó un informe periodístico de RealPolitik publicado este 16 de abril, basado en el fallo del organismo de control.
El Tribunal detectó un patrón sostenido de deudas judiciales no canceladas en tiempo y forma, lo que derivó en ejecuciones, embargos y un crecimiento de los montos originales por intereses, costas y honorarios profesionales. El informe ubica el origen de ese esquema durante la gestión del exintendente Víctor Aiola y señala que sus efectos se extendieron en el tiempo hasta alcanzar también a la administración actual de Darío Golía.
Entre los expedientes mencionados aparecen causas como las de Miguel Ángel Rossetti, Adrián Darío Montes, Alicia Blaiotta, Gustavo Funes, Julia Castillo y María Rosa Scalise. Siempre según esa reconstrucción, en varios de esos casos las deudas crecieron por demoras en los pagos y terminaron en instancias de ejecución judicial, con embargos sobre cuentas municipales y mayores costos para el Estado local.
Uno de los puntos que el Tribunal habría remarcado con mayor firmeza es que el Municipio no logró demostrar falta de fondos para afrontar esas obligaciones. En ese marco, el problema no quedaría explicado por una crisis financiera sino por fallas de gestión, planificación administrativa y control interno.
El informe también da cuenta de sanciones económicas y disciplinarias. Según lo publicado, el Tribunal resolvió aplicar una multa de $1.000.000 al intendente Rubén Darío Golía, además de multas de $300.000 al subsecretario de Tránsito y Seguridad, Mauricio Yonna, y a la jueza de Faltas, Silvia Lorenzo, en un capítulo separado vinculado a observaciones sobre el sistema de infracciones. También se mencionan amonestaciones y llamados de atención a otros funcionarios municipales.
En paralelo, el fallo habría formulado cargos económicos para reintegrar al Estado. Uno de ellos por $556.657,29, con responsabilidades compartidas entre ex y actuales funcionarios, y otro por $3.687.812,04, principalmente ligado a exautoridades de la gestión anterior. Esos montos fueron señalados como gastos evitables o irregulares por el organismo de control.
A su vez, el capítulo referido al área de tránsito aparece como otro foco de observaciones. El informe periodístico sostiene que el Tribunal detectó deficiencias en la gestión, control y validación de infracciones, lo que motivó sanciones específicas y nuevos cuestionamientos sobre procedimientos administrativos sensibles.
Más allá de la aprobación formal de la rendición, el mensaje que deja el fallo es contundente: una parte del gasto observado no habría respondido a falta de recursos, sino a incumplimientos y demoras que terminaron encareciendo obligaciones que podrían haberse resuelto con un costo mucho menor.