El gobierno de Javier Milei avanza en una nueva etapa de ajuste estatal y proyecta reducir hasta un 10% del empleo público durante 2026, como parte de su estrategia para achicar el gasto y profundizar las reformas económicas.
Según fuentes oficiales, en el corto plazo se prevé una nueva tanda de recortes que podría implicar entre 5.000 y 6.000 bajas en la administración nacional.
Un ajuste que apunta a más de 27.000 puestos
El objetivo anual del Ejecutivo es más amplio: alcanzar una reducción total de más de 27.000 puestos en el conjunto del sector público, incluyendo:
- Administración pública nacional
- Empresas estatales
- Sociedades del Estado
Gran parte de las desvinculaciones se realizaría mediante la no renovación de contratos anuales, una modalidad habitual dentro del empleo estatal.
Foco en organismos descentralizados
A diferencia de etapas anteriores, el ajuste estará centrado en organismos descentralizados, donde se evalúan recortes y reestructuraciones internas.
Entre los organismos bajo análisis se encuentran:
- Instituto Nacional de Estadística y Censos
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
- Administración Nacional de la Seguridad Social
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
- Ente Nacional Regulador del Gas
Argumentos y críticas
Desde el Gobierno sostienen que la medida es necesaria para ordenar las cuentas públicas y reducir el tamaño del Estado, en línea con su política de desregulación.
Además, se implementan programas de retiros voluntarios y revisiones en áreas consideradas sobredimensionadas.
Sin embargo, sectores sindicales y de la oposición advierten sobre el impacto que estos recortes pueden tener en el empleo y el funcionamiento de áreas clave, especialmente en un contexto de dificultades económicas.
Desde el inicio de la gestión, el ajuste estatal ya implicó la eliminación de más de 60.000 puestos públicos, según datos oficiales.