La Comisión investigadora del caso $LIBRA presentó este martes su informe final y concluyó que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvieron un rol relevante en una maniobra que la Justicia investiga como una presunta estafa de alcance internacional.
“$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional. Javier Milei utilizó la investidura presidencial y Karina Milei, cuanto menos, facilitó instalaciones oficiales del Gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como presunta estafa internacional”, sostuvo el documento.
A partir de estas conclusiones, los diputados de la oposición solicitaron al Congreso que evalúe si el mandatario incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, una causal contemplada en la Constitución Nacional para iniciar un eventual juicio político.
Paralelos con el caso KIP Protocol
El informe remarca que la promoción presidencial del proyecto $LIBRA “no fue un hecho aislado”, al recordar un episodio similar ocurrido en 2024 con el token digital KIP Protocol, que también contó con difusión pública de Milei.
Para la Comisión, las afirmaciones del Presidente asegurando que desconocía los detalles del proyecto “carecen de sustento fáctico”. A esto suman otro punto crítico: Milei no logró explicar cómo obtuvo el número de contrato del token, un dato que —según el informe— no era de circulación pública.
“Sin la promoción realizada desde la cuenta oficial del Presidente, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, advierte el documento parlamentario.
Obstrucciones, denuncias y un conflicto institucional
Los diputados denunciaron un “bloqueo sistemático” por parte de organismos del Poder Ejecutivo —como la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Justicia, la ex UTI, la UIF y la CNV— que, de acuerdo al informe, se negaron a comparecer o a entregar la información solicitada.
Por ese motivo, la Comisión resolvió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; a Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción); y a Paulo Starc, Roberto Silva y María Florencia Zicavo (ex responsables de la unidad que investigaba $LIBRA) por posible incumplimiento de deberes de funcionario público.
También criticaron duramente la actuación de funcionarios judiciales encargados del expediente, a quienes acusaron de “menoscabar el control parlamentario” al negar el acceso adecuado a la información.
Una causa paralela en Estados Unidos
Además de la investigación en Buenos Aires, otra causa avanza en tribunales estadounidenses. Allí, los demandantes sostienen una hipótesis similar a la planteada por la Comisión: que el tuit publicado por Milei el 14 de febrero de 2025 fue el detonante de una avalancha de compras del token.
Según esa presentación, tras la suba repentina del precio, Davis y otros insiders retiraron millones de dólares en liquidez, precipitando el colapso del proyecto y dejando a miles de inversores con pérdidas.
El informe presentado en Diputados abre un frente político y judicial cuyo alcance todavía es incierto, pero que ya generó fuertes repercusiones institucionales.